COVID-19 Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DIRECTRICES


¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el derecho a la salud de las personas con discapacidad?

¿Cuál es el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad que viven en instituciones?

¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad?

¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el trabajo, ingreso y sustento de las personas con discapacidad?

¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el derecho a la educación de las personas con discapacidad?

¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el derecho de las personas con discapacidad a la protección de la violencia?

¿Cuál es el impacto del COVID-19 sobre grupos específicos de la población en los cuales las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas?

prisioneros con discapacidad

personas con discapacidad sin vivienda adecuada



INTRODUCCIÓN


Si bien la pandemia de COVID-19 amenaza a todos y todas en la sociedad, las personas con discapacidad se ven impactadas de manera desproporcionada debido a las barreras actitudinales, del entorno e institucionales que se reproducen en la respuesta de COVID-19.


Muchas personas con discapacidad tienen condiciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus, de experimentar síntomas más graves al infectarse, conduciendo a tasas elevadas de mortalidad. Durante la crisis del COVID-19, las personas con discapacidad que dependen de apoyos para su vida cotidiana pueden encontrarse aisladas e imposibilitadas de sobrevivir durante las medidas de encierro, mientras que aquellas que viven en instituciones son particularmente vulnerables, como lo demuestra el abrumador número de muertes en hogares residenciales e instituciones psiquiátricas. En esta crisis se intensifican aún más las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a servicios e información sobre salud. Las personas con discapacidad también siguen sufriendo discriminación y barreras para acceder a comida y a apoyos financieros, para participar en la educación en línea y buscar protección contra la violencia. Determinados grupos de personas con discapacidad, como los reclusos y las personas en situación de calle o sin una vivienda adecuada, se enfrentan a riesgos aún mayores.


La toma de conciencia sobre estos riesgos puede conducir a mejores respuestas que puedan reducir un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad. Estas directrices apuntan a:

▪     concientizar sobre el impacto de la pandemia sobre las personas con discapacidad y sus derechos;

▪     presentar algunas prácticas promisorias que ya se están implementando en distintos lugares del mundo;

▪     identificar acciones fundamentales para los Estados y otros actores interesados; y

▪     proporcionar recursos para profundizar sobre cómo asegurar respuestas al COVID-19 basadas en derechos humanos e inclusivas de las personas con discapacidad.

1. ¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?


Además de ser una población que está particularmente en riesgo de contraer COVID-19, las personas con discapacidad se enfrentan a desigualdades aún mayores en el acceso a la atención de la salud durante la pandemia debido a la inaccesibilidad de la información y los entornos sanitarios, así como a directrices y protocolos médicos selectivos que pueden aumentar la discriminación en su acceso a servicios de salud. Esos protocolos revelan, a veces, prejuicios médicos contra las personas con discapacidad respecto de su calidad de vida y su valor social. Por ejemplo, ciertas directrices de triaje para la asignación de recursos escasos excluyen a este colectivo por tener algún “tipo de deficiencia”, por tener “grandes necesidades de apoyo” para la vida diaria, "fragilidad", probabilidad de "éxito terapéutico", así como presunciones sobre los "años de supervivencia". Las personas con discapacidad y sus familias también han sufrido presiones dentro del sistema de salud para que renuncien a medidas de reanimación.


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias?

▪    El Comité de Bioética de la República de San Marino desarrolló Lineamientos de triaje en casos de COVID-19,[1] que prohíben la discriminación basada en la discapacidad: “El único parámetro de selección, por lo tanto, es la correcta aplicación del triaje, respetando cada vida humana, basada en criterios de adecuación clínico y proporcionalidad de los tratamientos. Cualquier otro criterio de selección, como la edad, el género, la afiliación social o étnica, la discapacidad, es éticamente inaceptable, ya que implementaría un escalafón de vidas solo aparentemente más o menos dignas de ser vividas, constituyendo una inaceptable violación de los derechos humanos.” 

▪    La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América publicó un boletín para asegurar que las autoridades prohíban la discriminación por motivos de discapacidad, afirmando que "no se debe negar a las personas con discapacidad la atención médica sobre la base de estereotipos, evaluaciones de la calidad de vida o juicios sobre el "valor" relativo de una persona debido a la presencia o ausencia de una deficiencia o la edad". El boletín también proporciona orientación a las autoridades para asegurar la divulgación y la accesibilidad de la información y las comunicaciones a las personas con discapacidad, en pos de su igualdad de oportunidades para beneficiarse de los esfuerzos de respuesta a la emergencia, "incluso haciendo ajustes razonables [para] ayudar a garantizar que la respuesta de emergencia tenga éxito y reducir al mínimo la estigmatización".

▪    Los Emiratos Árabes Unidos han puesto en marcha un programa nacional para realizar pruebas a personas con discapacidad en sus hogares y a mediados de abril habían realizado 650.000 pruebas de COVID-19 a personas con discapacidad. [2]

▪    En Filipinas, la Comisión de Derechos Humanos ha publicado información para apoyar a las agencias de salud a adaptar los mensajes públicos a los grupos vulnerables de las comunidades, incluidos los niños y niñas, y las personas con discapacidad.[3]

▪    En Canadá, se estableció el Grupo Asesor sobre Discapacidad y COVID-19 con la participación de personas con discapacidad y las organizaciones que las representan para asesorar al gobierno sobre cuestiones específicas de discapacidad, desafíos y lagunas sistémicas, y estrategias, medidas y pasos a seguir. [4]



¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Prohibir la denegación de tratamiento por motivos de discapacidad y derogar las disposiciones que impiden el acceso al tratamiento por motivos de discapacidad, nivel de necesidades de apoyo, evaluaciones de calidad de vida o cualquier otra forma de sesgo médico contra las personas con discapacidad, incluso dentro de directrices para la asignación de recursos escasos (como los respiradores o el acceso a los cuidados intensivos).

▪    Asegurar la realización de pruebas prioritarias a las personas con discapacidad que presenten síntomas.

▪    Promover la investigación sobre el impacto de COVID-19 en la salud de las personas con discapacidad.

▪    Identificar y remover las barreras al tratamiento, incluyendo garantizar entornos accesibles (hospitales, instalaciones de pruebas y de cuarentena), así como la disponibilidad y difusión de información y comunicaciones sobre la salud en modos, medios y formatos accesibles.

▪    Asegurar el suministro y el acceso continuos a medicamentos de las personas con discapacidad durante la pandemia.

▪    Llevar a cabo actividades de capacitación y toma de conciencia de los trabajadores de la salud para prevenir la discriminación basada en prejuicios contra las personas con discapacidad.

▪    Consultar estrechamente con, e involucrar activamente a, las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en la elaboración de una respuesta a la pandemia basada en derechos que sea inclusiva de las personas con discapacidad en toda su diversidad.

Recursos

▪    No hay excepciones con COVID-19: "Todo el mundo tiene derecho a intervenciones para salvar su vida" - dicen expertos de la ONU

▪    Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, COVID-19: ¿Quién protege a las personas con discapacidad?

▪    OMS, Consideraciones sobre discapacidad durante el brote de COVID-19



2. ¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN INSTITUCIONES?


El COVID-19 está teniendo un impacto desproporcionado en las instituciones psiquiátricas, las instituciones sociales (orfanatos, guarderías, centros de rehabilitación) y las instituciones para personas mayores, lo que da lugar a altas tasas de infección y muerte. En algunos estudios preliminares, el número de muertes en hogares de atención social representó entre el 42% y el 57% de todas las muertes por COVID-19 en esos países.[5] Las personas con discapacidad institucionalizadas se enfrentan a un mayor riesgo de contraer COVID-19 debido a las condiciones de salud subyacentes, a la dificultad de cumplir con el distanciamiento físico entre los residentes y el personal, y al abandono por parte del personal. Las personas con discapacidad que viven en instituciones también corren un mayor riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos, como el abandono, la restricción, el aislamiento y la violencia.


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias? 

▪    En Suiza y España, personas con discapacidad que vivían en instituciones fueron externadas para vivir con sus familias, cuando fue posible.

▪    Canadá se publicaron directrices de pruebas prioritarias con medidas específicas para los entornos institucionales.[6]



¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Dar de alta y liberar a las personas con discapacidad de las instituciones y asegurar rápidamente la prestación de apoyo en la comunidad a través de redes familiares y/o informales, y financiar los servicios de apoyo de proveedores de servicios públicos o privados.

▪    Mientras tanto, dar prioridad a los análisis y promover medidas preventivas en las instituciones para reducir los riesgos de infección abordando el hacinamiento, aplicando medidas de distanciamiento físico para los residentes, modificando las horas de visita, exigiendo el uso de equipo de protección y mejorando las condiciones de higiene.

▪    Aumentar temporariamente los recursos de las instituciones, incluidos los recursos humanos y financieros, para aplicar medidas preventivas.

▪    Durante el período de emergencia, garantizar el respeto continuo de los derechos de las personas que viven en instituciones, incluido el derecho a no vivir libre de explotación, violencia y abuso, la no discriminación, el derecho al consentimiento libre e informado y el acceso a la justicia. [7]

▪    ‘Recuperarse mejor’, adoptando y reforzando las estrategias de desinstitucionalización para cerrar las instituciones y que las personas regresen a la comunidad, y reforzando los apoyos y servicios basados en la comunidad para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.


Recursos

▪    Guía de la OMS para la prevención y el control de las infecciones en los centros de atención a largo plazo en el contexto de COVID-19, Orientación provisional, 21 de marzo de 2020

▪    OMS, Consideraciones sobre discapacidad durante el brote de COVID-19

▪    Declaración de organizaciones regionales e internacionales de personas con discapacidad psicosocial con recomendaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19


3. ¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A VIVIR EN LA COMUNIDAD?


Las personas con discapacidad enfrentan barreras específicas para llevar adelante su vida cotidiana en la comunidad debido a las medidas de respuesta al COVID-19. En particular, las restricciones que obligan a permanecer en el hogar que no tienen en cuenta sus necesidades, crean perturbaciones y nuevos riesgos para su autonomía, su salud y su vida.[8]

Muchas personas con discapacidad que dependen de otras para su vida cotidiana (mediante el apoyo formal de los proveedores de servicios o el apoyo informal de parientes/amigos) se encuentran sin apoyo debido a las restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento físico. Esto puede dejarlas en una situación de alto riesgo, sin acceso a alimentos, bienes esenciales y medicinas, e impedirles realizar actividades diarias básicas como bañarse, cocinar o comer.

La información pública sobre las medidas de COVID-19 generalmente no se comunica ni se difunde sistemáticamente en formatos y medios accesibles para llegar a todas las personas con discapacidad (por ejemplo, interpretación del lenguaje de señas, subtitulado, formato de lectura fácil, etc.).

Además, algunas personas con discapacidad, como las personas con discapacidad psicosocial y las personas autistas, tal vez no puedan hacer frente a un confinamiento estricto en el hogar. Las salidas cortas y cuidadosas a lo largo del día son clave para que puedan hacer frente a la situación.


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias? 

▪    Paraguay[9] y Panamá[10] han desarrollado sistemas para asegurar que la información relevante se proporcione en formatos accesibles. En el mismo sentido, el Ministerio de Salud de Nueva Zelandia tiene una sección de su sitio web dedicada a proporcionar información en formatos accesibles, incluido el lenguaje de señas y de fácil lectura.[11] El Gobierno de México adoptó una práctica similar. [12]

▪    En Argentina,[13] las personas de apoyo están exentas de las restricciones de desplazamiento y distanciamiento físico para prestar asistir a las personas con discapacidad. En Colombia se han desarrollado redes de apoyo comunitario y se reclutan voluntarios que apoyan a las personas con discapacidad y a los adultos mayores con sus compras de alimentos y de otro tipo. [14] También en Panamá, en un esfuerzo por reducir los riesgos, se han asignado horarios de apertura específicos para las personas con discapacidad y sus asistentes personales para las compras esenciales.[15]

▪    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte[16] ha flexibilizado las normas de confinamiento, inicialmente estrictas, y ha introducido excepciones para permitir que las personas autistas y otras personas con discapacidad pueden salir. Francia ha introducido medidas similares. [17]


¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Asegurar que la información sobre las medidas relacionadas con COVID-19 sea accesible a las personas con discapacidad, incluyendo la interpretación del lenguaje de señas, el subtitulado y formatos de fácil lectura, entre otros.

▪    Asegurar que las personas de apoyo de las personas con discapacidad estén exentas de las restricciones de permanencia en el hogar a fin de prestar asistencia.

▪    Promover y coordinar el desarrollo de redes de apoyo comunitario y asegurar la disponibilidad de materiales, equipo y productos de protección.

▪    Considerar la posibilidad de establecer horarios de apertura que den prioridad a las personas con discapacidad y a sus asistentes personales en los supermercados, tiendas de comestibles y otras comercios esenciales, durante las medidas de permanencia en el hogar/confinamiento.

▪    Asegurar la realización de ajustes razonables a las personas con discapacidad, absteniéndose de prohibiciones generales de salir del hogar e imponiendo multas, y creando excepciones para que las personas con discapacidad puedan salir.


Recursos

▪    OMS, Consideraciones sobre discapacidad durante el brote de COVID-19

▪    Partenariado de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, OIT y otros, Respuesta de protección social a la crisis del COVID-19 inclusiva de la discapacidad



4.   ¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, INGRESO Y SUSTENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?


Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de estar empleadas y, cuando están empleadas, es más probable que lo estén en el sector informal.[18] En consecuencia, tienen menos acceso al seguro social basado en el empleo que otras personas, lo que reduce su capacidad de recuperación económica en el actual contexto de COVID-19. Aquellas personas con discapacidad empleadas o que trabajan por cuenta propia,[19] pueden verse impedidas de trabajar desde su casa debido a la falta de equipo y apoyo que están disponibles en el lugar de trabajo, y enfrentan mayores riesgos de perder su ingreso y su empleo. Además, las medidas frente al COVID-19 pueden afectar indirectamente a las personas con discapacidad al impedir que trabajen la familia o las personas responsables de proveer el ingreso, lo que repercute negativamente en los ingresos generales del hogar. La falta de ingreso representa una carga desproporcionada para las personas con discapacidad y sus hogares que normalmente enfrentan gastos adicionales relacionados con la discapacidad (vivienda y equipo accesibles, dispositivos de asistencia, bienes y servicios específicos, etc.), lo que los lleva más rápidamente a la pobreza.


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias? 

▪    En respuesta al COVID-19, Bulgaria, Malta y Lituania han aumentado el financiamiento de sus sistemas de protección social para ampliar los servicios de apoyo social y abarcar a más beneficiarios, incluidas las personas con discapacidad.[20]

▪    En Argentina y Perú, las personas que reciben prestaciones por discapacidad recibirán un monto adicional debido a la crisis de COVID-19. [21] Francia anunció una medida similar que favorece a los beneficiarios de la prestación por discapacidad, [22] y el plan de emergencia de Túnez incluye transferencias de efectivo para los hogares de bajos ingresos, personas con discapacidad y las personas sin hogar. [23]

▪    Estados Unidos de América[24] ha establecido programas de desgravación fiscal que pueden contribuir a aliviar la situación financiera de las personas con discapacidad en este contexto.


¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Proporcionar ayuda financiera a las personas con discapacidad que no tengan ningún ingreso (por ejemplo, pagos de una suma determinada; medidas de reducción de impuestos, subsidios de bienes, etc.).

▪    Aumentar las prestaciones de discapacidad existentes, incluso mediante el adelanto de los pagos para cubrir costos adicionales.

▪    Prorrogar automáticamente cualquier apoyo financiero que esté por expirar pronto.

▪    Implementar una compensación financiera a los trabajadores autónomos con discapacidad que vean reducidos sus ingresos.

▪    Poner en marcha programas de asistencia financiera para las personas que dejen de trabajar para poder apoyar o prevenir que su(s) familiar(es) con discapacidad contraigan el COVID-19, y que no estén cubiertos por las prestaciones de desempleo o enfermedad.

▪    Prestar apoyo financiero, incluso mediante créditos fiscales, a los empleadores de personas con discapacidad para que proporcionen el equipo necesario para el teletrabajo.

▪    Asegurar que los planes de suministro de alimentos incluyan a las personas con discapacidad y respondan a sus necesidades, incluidas las medidas logísticas para entregar los alimentos en sus casas.


Recursos

▪    OIT, Nadie dejado atrás, no ahora ni nunca: Las personas con discapacidad en la respuesta al COVID-19

▪    Partenariado de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, OIT y otros, Respuesta de protección social a la crisis del COVID-19 inclusiva de la discapacidad

▪    Fondo Monetario Internacional, Políticas de respuesta al COVID-19




5.   ¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?


Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de completar la educación, y más probabilidades de quedar totalmente excluidas de la escolarización.[25] Debido al COVID-19, la mayoría de los Estados han cerrado temporalmente las instituciones educativas[26] afectando a todos y todas las estudiantes, incluidas aquellas con discapacidad. A fin de reducir el impacto de la interrupción de la educación, algunos Estados están adoptando prácticas de aprendizaje a distancia. Sin embargo, en estos casos, las estudiantes con discapacidad enfrentan barreras debido a la ausencia del equipo necesario, del acceso a Internet, de los materiales accesibles y del apoyo necesario para que puedan seguir los programas escolares en línea. En consecuencia, muchas estudiantes con discapacidad se están quedando atrás, en particular aquellas con discapacidad intelectual.


Además, las estudiantes con discapacidad también se ven afectados negativamente en otras dimensiones por el cierre de escuelas, como la falta del acceso a las comidas escolares y de las oportunidades de participar en juegos y deportes con sus compañeras. 


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias? 

▪    Estados Unidos de América publicó un documento de orientación sobre la legislación federal aplicable, la Ley sobre Educación de las Personas con Discapacidad. [27]

▪    Ecuador emitió recomendaciones para los maestros sobre el apoyo a la educación de los niños y niñas que necesitan permanecer aisladas en el hogar.[28]

▪    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte difundió información y estableció sistemas de apoyo a familiares y cuidadores para orientarlos sobre la forma de hacer frente a estas responsabilidades, que compiten con otras mientras están en el hogar y para apoyar mejor el proceso educativo de los niños y niñas con discapacidad.[29]


¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Proporcionar una orientación clara a las autoridades educativas y escolares sobre el alcance de sus obligaciones y la variedad de recursos disponibles al impartir educación fuera de las escuelas.

▪    Garantizar el acceso a Internet para el aprendizaje a distancia y asegurar que los programas informáticos sean accesibles a las personas con discapacidad, incluso mediante el suministro de dispositivos de asistencia y ajustes razonables.

▪    Proporcionar orientación, capacitación y apoyo a docentes en materia de educación inclusiva mediante el aprendizaje a distancia.

▪    Establecer una estrecha coordinación con familiares y cuidadores para la educación temprana de los niños y niñas con discapacidad.

▪    Proporcionar orientación y apoyo a distancia a familiares y cuidadores para ayudarles a instalar el equipo necesario y apoyar el programa de educación de sus hijos e hijas con discapacidad.

▪    Desarrollar materiales accesibles y adaptados para estudiantes con discapacidad, para apoyar el aprendizaje a distancia.

▪    Desarrollar materiales educativos audiovisuales accesibles para difundirlos a través de diferentes medios (por ejemplo, en línea a pedido, programas educativos televisados, etc.)


Recursos

▪    Comité de Derechos del Niño, Declaración sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemoa del COVID-19 sobre los niños y llamamiento a los Estados a proteger los derechos de los niños

▪    UNICEF, Respuesta al COVID-19: Consideraciones para niños y adultos con discapacidad

▪    UNESCO, Sitio Web sobre la respuesta al COVID-19



6.   ¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA?


Las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia, en particular cuando están aisladas. Las mujeres y las niñas con discapacidad se enfrentan a tasas más elevadas de violencia de género, sexual, de pareja y doméstica. [30] Las mujeres y las niñas con discapacidad no sólo corren mayores riesgos de violencia en comparación con otras mujeres, sino que también experimentan niveles de violencia más altos que los hombres con discapacidad. [31] Si bien no se dispone actualmente de información sobre la discapacidad y la violencia basada en el género en el contexto de COVID-19, la experiencia demuestra que, en circunstancias similares, las personas con discapacidad están particularmente en riesgo. [32]


La denuncia y el acceso a los servicios y la asistencia en materia de violencia doméstica son particularmente difíciles para las personas con discapacidad, ya que esos servicios por lo general no las incluyen ni son accesibles para ellas. Las líneas telefónicas de urgencia no suelen estar equipadas con servicios de interpretación para las personas sordas y sordociegas, y los refugios y servicios de emergencia no están preparados para atender las necesidades de las personas con discapacidad.


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias? 

En el Perú, se emitieron directrices para que los gobiernos locales se pongan en contacto con las personas con discapacidad por teléfono, durante las crisis, y en persona después de que se levante la emergencia, indicando el deber de informar a las autoridades de las situaciones de violencia. [33] Aparte de esto, el ACNUDH no pudo identificar nuevas prácticas prometedoras en esta esfera, lo que eleva el nivel de preocupación. Varios países siguen proporcionando líneas telefónicas de emergencia accesibles, asistencia y presentación de informes, incluidos servicios de mensajes de texto, retransmisión y videoteléfono para personas sordas. [34] En los recursos que se enumeran a continuación se identifican algunas buenas prácticas.


¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Asegurar que los mecanismos de denuncia, las líneas telefónicas de urgencia, los refugios de emergencia y otras formas de asistencia sean accesibles e incluyan a las personas con discapacidad.

▪    Llevar a cabo el monitoreo de la situación de las personas con discapacidad, en particular de las que viven aisladas, mediante el establecimiento proactivo de contactos, incluso a través de redes comunitarias y voluntarias.

▪    Concientizar y proporcionar capacitación sobre el riesgo de violencia que corren las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas con discapacidad, y promover redes de apoyo, incluido el fomento del apoyo entre pares.



Recursos

▪    Fondo de Población de ONU, Directrices para proveer servicios basados en derechos y adecuada al género para abordar la violencia de genero y la salud y derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y jóvenes con discapacidad

▪    Manteniendo servicios para sobrevivientes con Discapacidad durante el COVID-19




7.   ¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE GRUPOS ESPECÍFICOS DE LA POBLACIÓN EN LOS CUALES LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTÁN SOBRERREPRESENTADAS?


a.    PRISIONEROS CON DISCAPACIDAD


Las personas con discapacidad están sobre representadas en la población carcelaria, en particular las personas con discapacidad psicosocial y las personas con discapacidad intelectual. Corren un mayor riesgo de infección debido a condiciones de hacinamiento en las que no es posible el distanciamiento físico y falta de higiene. En particular, muchos reclusos con discapacidad dependen del apoyo oficioso de sus compañeros para acceder a los alimentos, desplazarse y bañarse, y los servicios de salud de las cárceles suelen ser insuficientes para atender sus necesidades.


Estos problemas los experimentan no sólo las personas con discapacidad que se encuentran en prisión y en prisión preventiva en los sistemas de justicia penal y penitenciario, sino también las que actualmente están sometidas a cualquier forma de detención administrativa o de otro tipo, incluidas personas migrantes con discapacidad en detención migratoria.


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias? 

▪    En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se está poniendo en libertad a los presos a los que les quedan menos de dos meses para cumplir su condena. [35] En los Estados Unidos de América, varios Estados han puesto presos en libertad o están en vías de hacerlo. [36] En Irán, Turquía e Indonesia se han producido liberaciones similares de presos. En Colombia, las personas con discapacidad que tienen restricciones funcionales que les impiden aplicar de manera autónoma medidas de protección se incluyen entre los beneficiarios de la liberación anticipada. De manera análoga, en Argentina la Corte Suprema y el Cámara de Apelaciones en lo Penal identificaron a las personas con discapacidad como beneficiarios de las medidas de liberación de las cárceles. [37] En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia emitió una recomendación para examinar, reevaluar y poner en libertad a los presos con discapacidad, incluidos los del sistema penal de menores. [38]


¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Reducir la población carcelaria liberando a los grupos de presos en situación de riesgo, incluidas las personas con discapacidad, aplicando la libertad anticipada y la libertad condicional o acortando o conmutando las penas y reduciendo el uso de la prisión preventiva, y garantizar sin demora la prestación de apoyo en la comunidad a través de redes familiares y/o informales y la financiación de servicios de apoyo por parte de proveedores de servicios públicos o privados.

▪    Aplicar medidas preventivas en las cárceles para reducir los riesgos de infección, entre otras cosas, identificando a los reclusos con discapacidad y asegurando su acceso a apoyo, alimentos, agua y saneamiento; aplicar medidas de aislamiento y distanciamiento físico, exigir el uso de equipo de protección y mejorar las condiciones de higiene.


Recursos

▪    OMS, Prevención y control del COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención

▪    Comité Permanente Inter-Agencias de ONU, COVID-19: foco en las personas privadas de libertad



b.   PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN VIVIENDA ADECUADA


Las personas con discapacidad, en particular las que tienen discapacidad psicosocial e intelectual, también están sobre representadas entre las poblaciones más pobres. Las personas sin hogar (o en situación de calle) con discapacidad y las que viven en refugios de emergencia y asentamientos informales son particularmente vulnerables a contraer de COVID-19 debido a las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso al agua y el saneamiento, y a sus condiciones de salud preexistentes.


La emergencia de COVID-19 ha empujado a las personas sin hogar (o en situación de calle), incluidas aquellas con discapacidad, a buscar refugio y apoyo, hacinando los refugios de emergencia y propagando el virus. Las personas que no pueden cumplir con el distanciamiento físico debido a sus arreglos de vivienda también se encuentran en una situación de desventaja.


¿Cuáles son algunas prácticas promisorias? 

▪    En los Estados Unidos de América, la respuesta a la falta de vivienda se ha puesto en práctica mediante directrices específicas que incluyen una dimensión de discapacidad en la comunicación.

▪    En Chile, el Gobierno anunció que reforzaría su compromiso para prestar servicios de salud a las personas sin hogar en la calle.

▪    En la Argentina, se instalaron más de 1.000 camas en una gran instalación para proporcionar refugio de emergencia a quienes puedan necesitar distanciamiento físico, y no tengan demandas médicas complejas.


¿Cuáles son algunas de las principales medidas que pueden adoptar los Estados y otros interesados?

▪    Garantizar que las personas sin hogar con discapacidad sean tratadas con dignidad y respeto, y que el personal encargado de la primera respuesta reciba capacitación y orientación en materia de comunicación para evitar situaciones violentas.

▪    Evitar el desplazamiento forzoso de los asentamientos informales, ya que ello puede servir para acelerar la propagación del virus. Tratar a las personas con discapacidad sin hogar en los lugares donde viven y ofrecerles un refugio seguro y accesible cuando lo deseen.

▪    Explorar diferentes opciones de refugio que ofrezcan un distanciamiento físico, incluidas propiedades de alquiler, hoteles, centros de conferencias y estadios, con un saneamiento adecuado y condiciones de vida apropiadas.

▪    Proporcionar servicios de saneamiento en las calles, incluida agua, jabón, lavabos y otros recursos para garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento.


Recursos

▪    Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, COVID-19 Directrices: Protección para aquellos viviendo en situación de calle

▪    Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, COVID-19 Directrices: Protegiendo a los residentes de asentamientos informales


RECURSOS – GENERAL


▪    Alianza Internacional de Personas con Discapacidad, COVID-19 y el movimiento de personas con discapacidad

▪    Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo: Repositorio de Recursos sobre inclusión de la discapacidad y COVID-19

▪    Comité de Derechos del Niño, Declaración sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia del COVID-19 sobre los niños y llamamiento a los Estados a proteger los derechos de los niños

▪    Comité Permanente Inter-Agencias de ONU, COVID-19: foco en las personas privadas de libertad

▪    Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Enviada Especial del Secretario General de ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad, Declaración, Personas con Discapacidad y COVID-19

▪    Fondo de Población de ONU, Directrices para proveer servicios basados en derechos y adecuada al genero para abordar la violencia de género y la salud y derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y jóvenes con discapacidad

▪    Fondo Monetario Internacional, Políticas de respuesta al COVID-19

▪    OIT, Nadie dejado atrás, no ahora ni nunca: Las personas con discapacidad en la respuesta al COVID-19

▪    OMS, Consideraciones sobre discapacidad durante el brote de COVID-19

▪    OMS, Guía de la OMS para la prevención y el control de las infecciones en los centros de atención a largo plazo en el contexto de COVID-19, Orientación provisional, 21 de marzo de 2020

▪    OMS, Prevención y control del COVID-19 en prisiones y otros lugares de detención

▪    Organizaciones regionales e internacionales de personas con discapacidad psicosocial, Declaración con recomendaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19

▪    Partenariado de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, OIT y otros, Respuesta de protección social a la crisis del COVID-19 inclusiva de la discapacidad

▪    Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, COVID-19: ¿Quién protege a las personas con discapacidad?

▪    Relatores Especiales y Expertos Independientes de ONU, No hay excepciones con COVID-19: "Todo el mundo tiene derecho a intervenciones para salvar su vida" - dicen expertos de la ONU

▪    UNICEF, Respuesta al COVID-19: Consideraciones para niños y adultos con discapacidad

▪    UNESCO, Sitio Web sobre la respuesta al COVID-19

▪    ONU trabajando para asegurar que los grupos vulnerables no queden atrás en la respuesta al COVID-19

▪    Comisión Económica y Social de ONU para Asia y el Pacifico ESCAP: Asegurando los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión en la respuesta al Covid-19                                                      Publicada el

12/5/20 14:15

Las personas con discapacidad en el 2021

 Las personas con discapacidad en el 2021
Entre Eta, Iota y sanguijuelas

 Entre Eta, Iota y sanguijuelas
Promesas y mentiras

 Promesas y mentiras
Las alegrías en medio de la pandemia.

 Las alegrías en medio de la pandemia.
La depresión, el castigo moderno de Sísifo

 La depresión, el castigo moderno de Sísifo
La parentela miserable

 La parentela miserable
COVID-19 Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DIRECTRICES

 COVID-19 Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DIRECTRICES


✨Para que vivamos una sociedad más inclusiva, depende de todos y cada uno de nosotros reconocer el valor por igual de...

Publicado por Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad caprodi en Viernes, 7 de mayo de 2021
 
 .