Revisión al Código Penal con base en estándares, obligaciones y recomendaciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad     

Tegucigalpa, julio de 2019


1.   Síntesis

Se sugiere revisar, principal pero no únicamente, el artículo 135 (definición de discapacidad) y el título V (medidas de seguridad) del Código Penal por oponerse a cuestiones sustantivas establecidas en estándares y obligaciones internacionales. Al mismo tiempo, se sugiere revisar el Código en lo que respecta al uso de términos peyorativos. En síntesis:

I.    Se sugiere modificar el artículo 135, pues éste define discapacidad con base en un enfoque médico (“concurrencia en una persona, de limitaciones” que “suponen restricción o anulación de sus capacidades de actuación”). Esta definición contradice el estándar actual que se funda en los enfoques social y de derechos, ambos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

II.   Se sugiere revisar el título V, pues las medidas de seguridad, en particular la institucionalización (“internamiento en centro psiquiátrico”, “internamiento en centro educativo especial”) y el tratamiento (“sumisión a tratamiento ambulatorio”) involuntarios, cuando se aplican a una persona sobre la base de su deficiencia real o percibida, vulneran diversos derechos de las personas con discapacidad.

III.  Se sugiere revisar el Código para modificar los términos peyorativos usados. A modo de ilustración, algunos términos peyorativos presentes en este cuerpo legal son “enajenación mental” (arts. 246, 258), “discapacitado” (arts. 259, 277, 284, 286), “enfermos mentales” (art. 584), “trastorno mental” (arts. 30, 100), y “anomalía o alteración psíquica” (art. 30).

Respecto al término “escaso desarrollo intelectual o físico” (arts. 165, 200, 255, 256, 260, 261), se sugiere revisar la expresión, en cuanto, si el legislador intenta hacer referencia a una persona con discapacidad, dicha expresión es peyorativa; por el contrario, si el legislador intenta hacer referencia a otras personas, por ejemplo una persona analfabeta, la expresión quizá no es suficientemente clara. En cualquier caso, se sugiere que el legislador, cuando desee referirse a una persona con discapacidad, utilice uniformemente el término “persona con discapacidad”.

IV.  Se sugiere aprovechar esta revisión de legislación para regular, en línea con los estándares y obligaciones internacionales, los ajustes de procedimiento, elemento fundamental del acceso a la justicia para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

v.   Se recuerda la obligación internacional del Estado de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en los procesos de adopción de leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad. Los puntos señalados previamente en esta síntesis, como otros que puedan surgir, deben ser consultados las organizaciones de personas con discapacidad.


2.   Estándares internacionales


2.1.Enfoques y concepto de discapacidad

En atención al contenido del recientemente publicado Código Penal es necesario recordar algunos estándares internacionales fundamentales en materia de derechos de las personas con discapacidad, en aras de interiorizar y poner en práctica el actual paradigma sobre discapacidad. Ello resulta pertinente porque —tal como se ve reflejado en artículo 165 y otros del Código— todavía se presenta a las personas con discapacidad con enfoques errados. De ello se derivan diversas consecuencias negativas, incluida la percepción de que ciertas personas con discapacidad son “personas peligrosas que deben ser encarceladas o tratadas con fuerza o violencia”.

Al respecto, existen distintos enfoques sobre discapacidad entre los que destacan los enfoques de caridad, médico, social y de derechos. El modelo de caridad ve a las personas con discapacidad como objetos pasivos de actos de generosidad que dependen de la buena voluntad de la sociedad, sin que la “ayuda” sea necesariamente consistente o significativa; en este enfoque, la discapacidad se ve como un problema individual. A su vez, el enfoque médico se centra en la deficiencia que debe ser “curada” o reducida con un tratamiento médico proveído ­­—o impuesto— al paciente; incluso más, en ocasiones se determina que algunos no podrían ser rehabilitados o que serían peligrosos para la sociedad, decidiéndose contra su voluntad que deben vivir en instituciones u hospitales. Estos enfoques han sido fuente de estigma y discriminación, llevando a considerar a las personas con discapacidad como “especiales”, “peligrosas” o una “carga”.

Por otro lado, el enfoque social plantea que la discapacidad es la consecuencia de la interacción entre una persona con alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, y los factores del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. La persona se encuentra en una situación de discapacidad porque la sociedad no ha respondido adecuadamente ante la diversidad de sus integrantes, eliminando las barreras existentes, ya sean del ambiente, actitudinales o institucionales. Finalmente, el enfoque de derechos reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos en igualdad de condiciones con otros, mientras que el Estado es el obligado a promover, respetar y proteger tales derechos. Entre otros aspectos, este modelo incorpora elementos de igualdad y no discriminación, participación, exigibilidad y rendición de cuentas. 

A la luz de estos últimos dos modelos, las personas con discapacidad no necesitan ser “‘curadas’ antes de acceder a un determinado entorno (la sociedad), sino que es el entorno el que ha de estar uniformemente abierto a todos sus miembros” (OACNUDH 2014:19) para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Este es el nuevo paradigma sobre discapacidad, que presenta las cuestiones de discapacidad como asuntos colectivos y promueve una sociedad inclusiva. Igualdad y no discriminación, capacidad jurídica, educación, vida independiente e inclusión en la comunidad, participación en la vida política y pública, acceso a la justicia, acceso a la información, participación en actividades culturales, recreativas y deportivas, son solo algunos de los derechos asegurados a todas las personas. Pues bien, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás y el nuevo paradigma viene a asegurar a las personas con discapacidad la igualdad en el disfrute de los derechos.

El marco jurídico que incorpora dicho paradigma ya existe. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado de Honduras en 2008, reúne elementos del enfoque social y de ella emana el enfoque de derechos. El artículo 1 de la Convención establece que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Si bien técnicamente esta no es una definición de personas con discapacidad, ha sido la base de legislaciones comparadas para elaborar un concepto que se adecúe a las obligaciones internacionales contraídas por los Estados sobre la materia y al contexto nacional de cada país.


2.2.Medidas de seguridad, institucionalización y tratamiento forzados

Las medidas de seguridad, en particular la institucionalización y tratamiento forzados, se enfrentan a diversos derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el acceso a la justicia (artículo 13 CDPD), la libertad personal (artículo 14 CDPD), la protección contra la tortura y otros tratos y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15 CDPD), el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19 CDPD), el derecho a la salud (artículo 25 CDPD), entre otros. En efecto, “los Estados tienen la obligación de derogar inmediatamente toda la legislación que […]autorice y regule la privación involuntaria de libertad y el tratamiento forzado de las personas basándose en una deficiencia real o percibida” (SR-PWD 2019:64)

Consecuencia del hecho de declarar a una persona no apta para comparecer en juicio, inimputable o exenta de responsabilidad penal, “se suele apartar a la persona del procedimiento y se la somete a una serie de medidas de seguridad que implican privación de libertad y administración de tratamientos en contra de su voluntad, muchas veces por un tiempo indefinido o por períodos más largos que los que le habrían correspondido si hubiese sido condenada por la comisión del delito siguiendo los procedimientos habituales” (SR-PWD 2019:50). En la práctica, las medidas de seguridad suelen afectar particular y desproporcionadamente a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, siendo sometidas a institucionalizaciones y tratamientos médicos involuntarios.

Declarada una persona inimputable sobre la base de su deficiencia real o subjetiva, por sí misma o en conjunción con otros factores, las medidas de seguridad se suelen fundar en un criterio de peligrosidad (véase artículo 85 CP: “pronóstico de comportamiento futuro de probabilidad de comisión de nuevos delitos”) que “es arbitrario e injusto en sí mismo, puesto que conlleva la privación de libertad de personas con discapacidad que no han cometido delito alguno, lo que contradice el principio general de la presunción de inocencia” (SR-PWD 2019:62). Así, la medida se torna en una privación de libertad por motivos de discapacidad y por ende discriminatoria, arbitraria e ilegal. En efecto, “la privación de libertad por motivos de deficiencia no es un “mal necesario”, sino una consecuencia del incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos para con las personas con discapacidad” (SR-PWD 2019:86).

En este marco, la institucionalización forzada como medida de seguridad implica, con frecuencia, que las personas con discapacidad alocadas en centros u hospitales psiquiátricos “tendrán menos acceso a las garantías procesales que en el sistema de justicia penal y serán sometidas a intervenciones forzadas, reclusión en régimen de aislamiento y medidas de inmovilización. Asimismo, allí están sujetas a regímenes más estrictos y tienen acceso a menos servicios recreativos, educativos y sanitarios que las personas recluidas en cárceles ordinarias” (SR-PWD 2019:20). A ello se suma que las personas institucionalizadas se ven afectadas por “la falta de control sobre las decisiones cotidianas; la nula posibilidad de elegir con quién se vive; el horario y la rutina diarios, independientemente de la voluntad y las preferencias personales; actividades idénticas en el mismo lugar para un grupo de personas sometidas a una cierta autoridad; un enfoque paternalista de la prestación de los servicios; la supervisión del sistema de vida; el hecho de compartir de forma obligatoria los asistentes con otras personas y la escasa o nula influencia que se puede ejercer sobre aquellos de quienes se debe aceptar la ayuda; y, por lo general, también una desproporción en el número de personas con discapacidad que viven en el mismo entorno” (Comité CRPD 2017:16). En el mismo sentido, el sometimiento a un tratamiento o intervención médica, sin el consentimiento de la persona, es una grave vulneración del derecho a la salud, a la protección contra la tortura y otros tratos y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el igual reconocimiento como persona ante la ley, entre otros.


2.3.Participación

Respecto a la participación de las personas con discapacidad en la tramitación del Código Penal, cabe recordar que el artículo 4.3. de la Convención establece claramente que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

En ese sentido, “los Estados partes deberían considerar las consultas y la integración de las personas con discapacidad como medida obligatoria antes de aprobar leyes, reglamentos y políticas, ya sean de carácter general o relativos a la discapacidad. Por lo tanto, las consultas deberían comenzar en las fases iniciales y contribuir al resultado final en todos los procesos de adopción de decisiones” (Comité CRPD 2018:15).


3.   Recomendaciones del Comité CRPD a Honduras en 2017

En línea con las consideraciones previas, cabe destacar las siguientes recomendaciones efectuadas por el Comité CRPD (2017b) al Estado de Honduras en el marco del examen de su informe inicial:

6. El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan para la revisión, derogación, reforma y/o adopción de legislación y políticas, con el objeto de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos humanos en armonía con la Convención y de eliminar toda terminología peyorativa. Asimismo, recomienda la aprobación definitiva de la actualización de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, tomando en cuenta las observaciones presentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras en febrero de 2017.

10. El Comité recomienda al Estado parte que armonice la definición de discapacidad con la Convención y los criterios para su certificación, con el fin de crear un sistema de certificación de la capacidad que refleje un modelo basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad.

12. El Comité recomienda al Estado parte que adopte un mecanismo vinculante de consultas permanentes a personas con discapacidad a través de sus organizaciones, incluyendo a niños y niñas con discapacidad, en la adopción de legislación, políticas y otros asuntos de su pertinencia y que se garanticen las sesiones del Consejo Consultivo.

32. El Comité urge al Estado parte a que asigne suficientes recursos humanos y económicos para la implementación del Plan de Acción de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad desde la perspectiva de la Convención. Le recomienda también que adopte las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para eliminar toda restricción a las personas con discapacidad para actuar efectivamente en cualquier proceso. También le recomienda realizar ajustes de procedimiento, incluyendo la asistencia personal o intermediaria, para garantizar el efectivo desempeño de las personas con discapacidad en las distintas funciones dentro de los procesos judiciales. Asimismo, el Comité recomienda que el Estado parte asigne recursos humanos y financieros suficientes y específicos para que la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de la Protección a la Mujer lleven a cabo su mandato y acudan a las mujeres con discapacidad si son abusadas sexualmente.

36. El Comité insta al Estado parte a que revise y reforme sus leyes, incluyendo la Ley de Salud Mental y el Código Penal con el objeto de armonizar la legislación con las disposiciones del artículo 14 de la Convención y proteger efectivamente las garantías del debido proceso de las personas con discapacidad, particularmente con discapacidad psicosocial, proporcionando los apoyos que requieran durante los procesos judiciales. El Comité le pide al Estado parte que revise los casos de internamiento en los hospitales Santa Rosita y Mario Mendoza. El Comité insta al Estado parte a que, a través de la Defensoría del Pueblo, proteja judicialmente todos los derechos de las personas con discapacidad, propiciando una debida asistencia jurídica y velando por el cumplimiento de un debido proceso de las personas con discapacidad.

38. El Comité urge al Estado parte a que prohíba la institucionalización forzada por motivo de discapacidad y adopte medidas para abolir la práctica de internamiento u hospitalización no consentida. Además, le recomienda el establecimiento de un mecanismo independiente que supervise los centros de internamiento de personas con discapacidad, incluidos los centros donde se encuentran niños y niñas con discapacidad, a fin de ofrecer prevención y protección contra actos que puedan considerarse como tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

44. El Comité recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar la abolición de todas las prácticas de esterilizaciones forzadas y abortos coercitivos de mujeres y niñas con discapacidad, así como que se garantice el consentimiento libre e informado de todas las personas con discapacidad para cualquier intervención o tratamiento médico.

46. El Comité alienta al Estado parte en sus esfuerzos de no aceptar ninguna nueva institucionalización y le recomienda que impulse un plan con plazos concretos y un presupuesto suficiente para la desinstitucionalización de personas con discapacidad, particularmente personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que garantice a las personas con discapacidad el acceso a los servicios y apoyos necesarios, incluyendo la asistencia personal, con el objetivo de una vida independiente en la comunidad, todo esto en consultas con las organizaciones de personas con discapacidad.


Fuentes

CDPD (2006), Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Naciones Unidas.

Comité CRPD (2017), Observación general N° 5 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Comité CRPD (2017b), Observaciones finales sobre el informe inicial de Honduras.

Comité CRPD (2018), Observación general N° 7 sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención.

OACNUDH (2014), Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Guía de formación, Serie de Capacitación Profesional Nº 17.

SR-PWD (2019), Informe sobre el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas con discapacidad, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, A/HRC/40/54.

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Publicado por Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad caprodi en Viernes, 7 de mayo de 2021
 
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