Las 7 puñaladas estatales contra las personas con discapacidad

Cristhian Joel Murillo 06/08/2020

Honduras es un país productor de pobres, las estadísticas de los organismos multilaterales en las últimas dos décadas así lo afirman. Dentro de esa millonaria cantidad de empobrecidos se encuentran los mas invisibles, los mas vulnerables, las personas con discapacidad.

Los gobiernos hondureños en general, y los supuestos democráticos en particular sostienen una serie de deudas que han contribuido a ensanchar el saco roto, donde están acumuladas las demandas de las Personas Con Discapacidad. Cada deuda es una estacada oficial que se incrusta en los cuerpos y las memorias de las Personas Con Discapacidad. Sin el animo de creernos dueños de la verdad, haremos una descripción rápida, explicando en que consiste cada deuda o puñalada asestada contra las y los invisibles de Honduras.

La primera deuda es jurídica. si bien es cierto que se avanzó con la aprobación de la ley de equidad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de Honduras en el año 2005, poco o nada se ha hecho para operativizar dicha ley. 14 años más tarde falta un reglamento que regule los vacíos legales que existen en la ley. Además, el lenguaje expresado en este instrumento no se ajusta a los convenios de los cuales Honduras está suscrito, y el espíritu de la misma no dignifica a la Persona Con Discapacidad. “el soberano poder legislativo” no ha dado señales de reformar la ley ni tampoco de reglamentarla. Hace algunos meses se introdujo al ceno del hemiciclo un anteproyecto para sustituir el decreto 160-2005, dicho anteproyecto continúa extraviado en el laberinto del minotauro.

La segunda deuda es política. en los últimos 8 años, se han creado programas asistencialistas como el bono de la discapacidad, Chamba joven, chamba mejor, programas temporales de empleos donde no se reconoce ninguna garantía laboral para las Personas en general y las Personas Con Discapacidad en particular y cuyos beneficios raquíticos están concentrados en la capital hondureña o en San Pedro Sula. El ejecutivo a través de sus diferentes dependencias no se preocupa por diseñar programas y/o políticas públicas que inserten a la Persona Con Discapacidad en igualdad de condiciones a la vida económica, social o política.

La tercera deuda estatal es la accesibilidad. No se necesita mucho para explicar que nuestras ciudades grandes o pequeñas, los edificios públicos o privados no están diseñados para permitir el acceso de las personas con discapacidad. Esta misma limitación aplica cuando hablamos del acceso a la información para las personas ciegas o las personas con discapacidad auditiva. Los textos de estudio o de cultura general, los diferentes programas que se producen en la televisión nacional no se encuentran en formatos accesibles como braille, leso o cualquier otro análogo.

La cuarta deuda es presupuestaria. El Estado hondureño carece de una asignación en el presupuesto general de la república que posibilite reducir la brecha de marginalidad, pobreza y exclusión en la que se encuentran las personas con discapacidad. El mejor ejemplo es la política nacional para el sector de las Personas Con Discapacidad, creada en el año 2013, instrumento que se encuentra inutilizado al no contar con un plan operativo ni un presupuesto para ser ejecutada. Buenas intenciones que duermen en papel. Mientras el PGR no asigne partida presupuestaria en las diferentes dependencias gubernamentales el trabajo en pro de las Personas Con Discapacidad será un acto demagógico más.

La quinta deuda, la deuda institucional. Con el decreto 160-2005 se creo la Dirección General de los derechos de las Personas con Discapacidad de Honduras DIGEDEPDIH, como un órgano descentralizado y cuya función principal era rectorar y regular lo concerniente a las personas con discapacidad y su problemática, y digo era porque con el gobierno del señor Juan Orlando Hernández la DIGEDcaprodihnEPDIH desapareció de un plumazo y con ella las esperanzas de implementar las políticas sociales que promuevan el bienestar de las personas con discapacidad. Todo esto ocurrió sin que las organizaciones agrupadas en tres redes rechistaran los dientes siquiera: la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (FENOPDIH), LA Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH) y la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH); las redes agrupan al sector organizado de las personas con discapacidad y asumen la responsabilidad de representar a las mismas. El grave problema consiste en que al no tener un órgano Estatal descentralizado se crea un vacío institucional y toca abrir muchos frentes de batalla con soldaditos desparramados en las diferentes Secretarías y/o dependencias gubernamentales. Lo que se traduce en duplicidad de esfuerzos, inversión innecesaria de tiempos y recursos, pero sobre todo un desenfoque del objetivo principal de todo proceso de reivindicación de los derechos; el bienestar social en este caso de las Personas Con Discapacidad. “divide y vencerás”.

Sexta deuda; la deuda democrática. Históricamente el Estado hondureño ha desatendido a la persona con discapacidad, por lo que grupos y organizaciones de sociedad civil vieron la necesidad de asumir una función del gobierno. La rehabilitación de la Persona Con Discapacidad y la promoción de los derechos de la misma. Medida que ha tenido tres frutos: 1). Descargar al Estado en una de sus responsabilidades primigenias, “el bienestar de la persona humana”; sociedad civil tiene que gestionar y ejecutar los fondos que permitan los servicios mínimos para la rehabilitación funcional de las Personas Con Discapacidad, a veces las organizaciones de sociedad civil pueden complementar su trabajo con un presupuesto irrisorio que eroga el gobierno de la república, mientras este sigue “viendo los toros desde la barrera”. 2). La invisibilizaciòn de las Personas Con Discapacidad; un Estado que se presea como democrático, tiene que democratizar los accesos para todos sus hijos e hijas, y crear las condiciones mínimas que permita a los grupos mas vulnerables acceder a contextos distintos basados en derecho. Honduras dista y por lo lejos de juntar las dos prerrogativas que cambie el paradigma actual en el que sobreviven las Personas Con Discapacidad. Mientras el Estado recuerda que este grupo tiene necesidades de protección y cuya vulneración de derechos es grave. Solo para pelos y señales dos ejemplos: en el 2019 Honduras todavía no cuenta con un censo real de Personas Con Discapacidad, es decir, no existe información de cuantas hay, donde están, que necesidades de atención tienen, que hacen o pudieran hacer, etc. El segundo ejemplo, se creó una comisión de sociedad civil, con el propósito de elaborar un informe alterno donde se evidenció las graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas por el Estado contra las Personas Con Discapacidad, el mismo fue presentado en Ginebra, ante las Naciones Unidas, para que el Estado de Honduras mejore las condiciones de las Personas Con Discapacidad, para ello se elaboraron recomendaciones cuyo cumplimiento para el Estado es de carácter obligatorio, el plazo ya venció y poco o nada se ha hecho. De no haber un detonante que cambie la ecuación las Personas Con Discapacidad parecen estar irreversiblemente condenadas a vivir en la cárcel de los invisibles, de los innombrables. 3). Clientelismo político; un grupo de personas que esperan el siguiente día, sin un horizonte, sin esperanzas, sin educación ni oportunidades de crecimiento son fácilmente presas, lo que es lo mismo, estrategia del central ejecutivo, “política clientelar”. En eso se han convertido las Personas Con Discapacidad, en un caldo de cultivo para alimentar las cuentas asistencialistas del actual gobierno. Realidad que se puede aplicar a algunas organizaciones de y para las Personas Con Discapacidad, que con el único propósito de no poner en riesgo el pequeño subsidio que otorga el Estado hacen silencio cómplice ante el principal violador de los derechos de las Personas Con Discapacidad, el actual gobierno.

La deuda social. La séptima deuda tiene que ver con el engranaje de una sociedad excluyente, donde en muy pocos espacios se piensa, se planifica y se actúa en función de las Personas Con Discapacidad. Aquellas personas que no se miran, no se escuchan, no se nombran. Y cuando se hace es para revictimizar a la Persona Con Discapacidad a través de las corporaciones mediáticas, donde se presenta a la Persona Con Discapacidad como un icono para la recaudación de fondos, asociando en el imaginario colectivo la discapacidad con la mendicidad.

Las Personas Con Discapacidad no se han podido consolidar en un bloque compacto para exigir el cumplimiento de sus demandas, ni las organizaciones han asumido el protagonismo que la cita histórica les ha puesto en frente. Quizá este sea un factor para que las deudas se hallan acumulado, y se estén clavando como una puñalada Estatal tras otra en la memoria social y en los cuerpos de las Personas Con Discapacidad.

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Publicado por Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad caprodi en Viernes, 7 de mayo de 2021
 
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